Las licencias se ofrecían con logos institucionales falsificados y promesas de atención por supuestos profesionales. La Contraloría amplía su investigación a funcionarios de Capredena y Dipreca.
La contralora general de la República, Dorothy Pérez, entregó preocupantes antecedentes ante la Comisión de Salud del Congreso en el marco de una investigación por emisión irregular de licencias médicas a funcionarios públicos. Según detalló, se detectó la venta ilegal de licencias a través de redes sociales, alcanzando un valor de $60.000 por 30 días de reposo.
Estas licencias fraudulentas se ofrecían con logos institucionales falsificados y supuesta atención de profesionales certificados. En muchos casos, se apelaba a diagnósticos vinculados a salud mental, lo que dificultaba aún más la detección del fraude.
Pérez afirmó que esta práctica ilícita “no es nueva”, ya que ha persistido por años y ha sido denunciada en distintas administraciones. “Estamos ante un problema grave que afecta la integridad del sistema de salud y la función pública”, enfatizó.
Actualmente, la Contraloría está ampliando la investigación para incluir a funcionarios de Capredena y Dipreca. En una primera etapa, la revisión se centró en beneficiarios de Fonasa e Isapres.
El organismo fiscalizador continúa recabando antecedentes y reiteró su compromiso por avanzar en soluciones estructurales que permitan frenar esta práctica que, además de ilegal, debilita la confianza en el sistema.
