Alan Sepúlveda Rodríguez
Académico de Administración Pública, Universidad Central de Chile, Región de Coquimbo
El 22 de agosto el Gobierno instaló una mesa de expertos para poner inteligencia artificial en los permisos sectoriales. La espera es escandalosa. Un proyecto de inversión demora en promedio 6,6 años en autorizarse, y la mayor parte de ese plazo no es análisis técnico, es escritorio. Revisiones que vuelven, observaciones que se repiten, servicios que no conversan entre sí. El debate ya se ordenó en dos hinchadas, entusiastas y alarmistas, y ambas miran mal. La inteligencia artificial no suprime la discrecionalidad del poder público. La desplaza fuera de la vista ciudadana.
En ese tiempo muerto la tecnología rinde, y el piloto en concesiones marítimas lo sugiere. Pero acelerar el escritorio no toca el tiempo del conflicto, la participación ni la evaluación de fondo. Hace dos décadas Bovens y Zouridis describieron el paso de la burocracia de ventanilla a la de sistema. Cuando un algoritmo procesa expedientes, la decisión deja de tomarla un funcionario frente al caso y pasa a quien diseñó el sistema antes de que el caso existiera, al definir qué datos se miran y qué umbral gatilla una observación. Ese poder es técnico, opaco y casi imposible de impugnar, porque reclamar exige conocer las razones y estas quedan enterradas en el diseño. En Estonia los tribunales anularon permisos automáticos de tala porque ni la propia autoridad sabía explicar por qué se otorgaron. Chile no necesita importar el fracaso. Alerta Niñez ya asignó puntajes a menores con predicciones inexactas y datos sin consentimiento, estigmatizando a los más pobres, que son quienes dejan huella en el sistema.
Hay asimetrías que el entusiasmo prefiere no ver. Las grandes empresas ya arman expedientes con estas herramientas mientras el Estado revisa a mano, y si la revisión pública no se moderniza al mismo ritmo, la velocidad será privilegio de quien pague la sofisticación. América Latina, además, importa modelos entrenados en el Norte global, sin adaptación local, en clave de productividad antes que de derechos. Tampoco basta la coartada del humano supervisando. Sin autoridad, tiempo y competencia para revertir, esa vigilancia es un ritual que legitima sin controlar.
Modernizar así no solo es posible, es necesario. Pero exige candados. Registro público de algoritmos, evaluación de impacto previa, supervisores con poder real de corrección y derecho efectivo a impugnar ante una persona. El riesgo mayor no es que la máquina decida mal. Es que, fascinados por la velocidad, decidamos no mirar.
