Una operación que comenzó hace más de una década, con terrenos que multiplicaron su valor artificialmente, hoy tiene a exautoridades y empresarios enfrentando cargos por fraude millonario al Estado.
Este martes a las 8:30 horas continuará en el Tribunal de Garantía de La Serena la audiencia de formalización del emblemático caso conocido como “Papaya Gate”, una investigación que expone una compleja y meticulosa red de operaciones inmobiliarias destinadas, según el Ministerio Público, a defraudar al Estado por casi mil millones de pesos.
La jornada de este lunes marcó el inicio de esta fase judicial con la formalización de la exintendenta de Coquimbo, Lucía Pinto, y el exjefe de Planificación de La Serena y exadministrador del GORE, José Cáceres, ambos acusados de incumplir deliberadamente los deberes de sus cargos y facilitar una millonaria compraventa de terrenos a través de maniobras fraudulentas.
Junto a ellos, también fueron formalizados Lorenzo Iduya Ortiz de Lusuriaga, Nicolás Bakulic Ivorsin, Karim Daire Daud y Manuel Daire Daud, empresarios vinculados a seis sociedades inmobiliarias y a un Fondo de Inversión Privado denominado “Cuatro Amigos”. La Fiscalía, representada por la fiscal de Valparaíso Claudia Perivancich, expuso que estas estructuras fueron creadas con el propósito de inflar el valor tributario de terrenos adquiridos en 2010 por menos de $500 millones, los cuales fueron vendidos al GORE en 2020 por $9.800 millones.
Las maniobras incluyeron aumentos de capital ficticios, compraventa de acciones sin flujo real de dinero y declaraciones tributarias maliciosamente falsas (Formulario 22, año tributario 2021). El objetivo: inflar artificialmente el costo tributario y reducir la base imponible, generando un perjuicio fiscal directo de más de $904 millones.
Uno de los ejemplos más evidentes fue el lote G, adquirido por $350 millones y declarado con un costo de casi $2.000 millones. El Servicio de Impuestos Internos y el Consejo de Defensa del Estado confirmaron las irregularidades y se sumaron como querellantes en la causa.
La Fiscalía solicitó medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional para los imputados. En el caso de Nicolás Bakulic, se autorizó una salida excepcional a Madrid por motivos laborales hasta el 30 de junio, bajo fianza de retorno por $10 millones.
La causa “Papaya Gate” se proyecta como una de las más relevantes de los últimos años en la Región de Coquimbo, tanto por el monto defraudado como por el involucramiento de altas autoridades públicas. La comunidad espera respuestas claras y justicia efectiva en un caso que pone en cuestión la transparencia en la gestión del patrimonio fiscal.
