Dra. Zita María Teresa Juliá Jorquera, Psicóloga Educacional. PhD. Académica de la Carrera de Psicología Universidad Central, sede Coquimbo
El Ministerio de Educación de Chile ha iniciado un proceso graduado para implementar la ley que prohíbe el uso de dispositivos móviles en las escuelas. Ante este escenario, planteo que dicha prohibición no debe ser un fin en sí mismo, sino una oportunidad para la mediación adulta y la formación de una «ciudadanía digital» capaz de distinguir entre el flujo de información y la construcción de conocimiento.
La cultura digital como quiebre social
La cultura digital representa una nueva estructura social inescapable a la que gran parte de la población sólo tiene acceso mediante los dispositivos móviles. Este quiebre tecnológico amenaza con generar una nueva división social: por un lado, ciudadanos educados digitalmente que liderarán el desarrollo tecnológico y la IA; por otro, aquellos relegados a servicios básicos. En este mundo, es urgente la formación de ciudadanos digitales y, en especial, desarrollar la capacidad crítica para verificar información como factor diferenciador entre la rutina y la innovación.
El dispositivo móvil como prótesis
Para las nuevas generaciones, el móvil actúa como una prótesis de sus propias habilidades y aporta información sobre el mundo que, además, le ofrece gratificación instantánea. En esta interacción simultánea con múltiples plataformas se predispone a niños/as y jóvenes al estrés y su uso excesivo interfiere en la calidad del pensamiento. Aunque niños/as y adolescentes están sobreinformados, carecen a menudo de la capacidad reflexiva para procesar dicho volumen de datos. Más aún, el celular no solo trae información, sino un entretenimiento diseñado por la mercadotecnia e IA, siempre presente a la mano, con un mundo de juegos que se han constituido en competidores innegables del currículo escolar, modificando la convivencia.
Disyuntiva: ¿prohibir o mediar?
Si bien la prohibición surge como respuesta al riesgo que enfrentan niños y adolescentes frente a las plataformas y al debilitamiento de la concentración y del interés escolar, restringir el acceso puede atentar contra el derecho de los niños y adolescentes a jugar, interactuar e informarse, a su incorporación plena en el espacio digital. Propongo que la normativa establezca límites claros y una autonomía progresiva en las restricciones. Es vital considerar que los ciudadanos digitales se inician con los dispositivos móviles, por ello la opinión de los estudiantes contribuye a identificar los «puntos ciegos» de la mirada adulta, abriendo estos contextos de aprendizajes informales de interacción digital, con una mediación activa sobre los riesgos y la autorregulación, promoviendo actividades analógicas pertinentes que fortalezcan la vinculación entre pares.
El rol docente y el enfoque sistémico de la escuela
La normativa desafía profundamente a los docentes. Al igual que en la sociedad de consumo, el entorno digital ha tendido a horizontalizar las jerarquías, ya que adultos y niños navegan y juegan en los mismos espacios. Sin embargo, generalizar la prohibición a los y las docentes puede debilitar su legitimidad pedagógica, por lo que es fundamental distinguir roles dentro del sistema en la escuela digital.
El o la docente, como profesional responsable, debe contar con el dispositivo móvil como un instrumento de trabajo. No se trata de imponer una prohibición uniforme «por coherencia», sino de fortalecer la jerarquía de quienes actúan como mediadores. La escuela es un sistema diferenciado; por ello, la implementación de la ley debe potenciar la autonomía y responsabilidad del profesorado, validándose como los guías necesarios para transformar la tecnología en un recurso para el bienestar y el desarrollo integral. La o el docente es un mediador legítimo que posee la formación profesional para decidir cuándo la pantalla educa y cuándo debe apagarse.
