Alan Sepúlveda & Jonathan Hermosilla – Académicos Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones Universidad Central Región de Coquimbo
La crisis hídrica no espera, pero el Estado sí. Esa frase resume el drama de la Región de Coquimbo, un territorio marcado por camiones aljibe y el cálculo de cada litro de agua. La gran solución prometida, la desaladora, vuelve a aplazarse. El calendario cambia, pero la sed social no entiende de licitaciones. Cada retraso no es un trámite, es una promesa incumplida para 460 mil habitantes, agricultores y un turismo que promociona playas sin agua.
No es solo un problema técnico, sino un síntoma de una capacidad estatal erosionada. En México o Perú, la desalinización generó confianza; en Chile, las postergaciones transmiten lo contrario. Falta agua, pero también credibilidad.
La desaladora es hoy símbolo político, anunciada como prioridad, encarna la distancia entre discurso y realidad. La percepción ciudadana es clara, decisiones en Santiago, soluciones que nunca aterrizan, ya que muchas veces la mirada no incorpora el territorio y sus necesidades
El retraso obedece a un laberinto de permisos, estudios y consultas sin coordinación. Más de mil preguntas de empresas quedaron sin respuesta y los plazos se estiran una y otra vez. Surge la tensión entre rapidez y garantías, demorar eternamente condena a la población, pero agilizar sin protección ambiental arriesga ecosistemas.
El caso revela gobernanza fragmentada y normas obsoletas. El agua de mar, por ejemplo, ni siquiera está cubierta por el Código de Aguas, sino por disposiciones civiles del siglo XIX que nunca fueron diseñadas para enfrentar crisis climáticas ni megaproyectos del siglo XXI, mientras persiste el legado privatizador de 1981 frente a la demanda de reconocerla como derecho humano. La desaladora aparece como un “tecno-fix”, atiende la urgencia pero posterga la reforma estructural hacia un sistema hídrico integrado, justo y sostenible. Los riesgos son claros, la salmuera amenaza ecosistemas y el alto consumo eléctrico multiplica la huella climática si no se asegura con energías renovables.
La lección es evidente, sin planificación democrática, la desaladora será cara, frágil y dependiente. Se requieren reglas claras, ventanilla única, plazos vinculantes, participación real y energías limpias. Lo que está en juego no es solo una planta, es la capacidad del Estado para cumplir su contrato social más elemental.
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