Esta semana, la suspendida jueza del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Irene Rodríguez, declaró ante la Fiscalía en calidad de imputada por prevaricación culposa a raíz de la liberación del sicario Alberto Carlos Mejía.
En concreto, la magistrada es investigada por su presunta responsabilidad en la puesta en libertad, con posterior fuga del país, del sujeto vinculado al Tren de Aragua y que asesinó a José Reyes, comerciante conocido como el rey de Meiggs.
¿Qué es la prevaricación?
La prevaricación es un delito que recae en jueces, y otras autoridades, y ocurre cuando dictan resoluciones injustas.
Gonzalo Hoyl, abogado penalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes (UANDES), explica que, en el caso de la prevaricación culposa, esta se trata de una resolución que es contraria a la ley y que se emite sin una intención deliberada, pero que es producto de una negligencia o de una ignorancia que se considera inexcusable.
Ahora, a diferencia de la prevaricación dolosa, que es intencional y en donde los magistrados saben que su decisión es injusta, en la culposa “no hay mala fe, pero es un error grave, por un descuido o por una falta de conocimiento de la ley aplicable que de todos modos se considera delito”.
De este modo, la prevaricación culposa no contiene una intención maliciosa, pero se trata de un error judicial que es grave, dice Hoyl, que, además, se califica de inexcusable y que conlleva consecuencias legales serias.
El también abogado penalista y académico de la UANDES, Rodrigo Guerra, agrega que la jurisprudencia chilena ha reconocido esta distinción, “separando claramente los simples errores jurídicos de aquellos fallos que evidencian negligencia o ignorancia que no pueden justificarse”.
En ese sentido, indica que en diversas sentencias los tribunales de justicia han enfatizado que no basta con que los jueces se equivoquen, sino que “es necesario que la resolución revele un desconocimiento total del derecho, y que descarte cualquier posibilidad de interpretación razonable”.
“Esta postura refuerza la idea de que la prevaricación implica algo más que una infracción normativa: supone una transgresión a las reglas fundamentales que rigen la interpretación y argumentación jurídica”, agrega.
Finalmente, Guerra recalca que interpretar el derecho “siempre implica construir un juicio fundado sobre la norma aplicable”, el cual debe respetar los principios de seguridad jurídica y justicia.
“Cuando un juez se aparta deliberadamente de estas directrices, incurre en prevaricación. En definitiva, esta se configura cuando la decisión judicial es tan errónea que resulta imposible sostenerla racionalmente dentro del marco jurídico”, concluye.
Penas por prevaricación
Las personas que son declaradas culpables de prevaricación culposa sufren penas de inhabilitación absoluta temporal para cargos y oficios públicos en cualquiera de sus grados, y de presidio o reclusión menores en sus grados mínimos a medios, es decir, de 61 días a cinco años.
