| Por: R. Mariela Valderrama Díaz |
| Directora carrera Trabajo Social |
| Facultad de Derecho y HumanidadesUniversidad Central sede región de Coquimbo |
La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, indica que en la región de Coquimbo 12 de las 15 comunas son rurales, representando el 83,1% del territorio regional y el 26% de la población. En tres comunas (Canela, Combarbalá y Río Hurtado) la población de personas mayores es cercana al 20%, lo que supera el promedio nacional (18,1% según datos del Censo de Población, 2017)
El promedio nacional de viviendas sin agua de la red pública es del 7%, mientras que en las comunas rurales de la región de Coquimbo alcanzan al 14,8%; las viviendas sin suministro de energía eléctrica llegan al 3,3% en las zonas rurales de la región (0,5% promedio nacional); finalmente, el 94,5% de las viviendas rurales de la región no cuentan con conexión fija a internet, el promedio nacional es del 47,2%.
Si la información que antecede se cruza con datos de la última Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN, 2024) nos encontramos con que la región de Coquimbo registra un 20,7% de pobreza por ingresos (24% rural, 20% urbana)
Es indiscutible que el sistema frontal que afectó hace unos días a la región generó múltiples daños que no diferenciaron zonas, algunos se éstos irremediables, como las vidas que se perdieron. Las ciudadanas y ciudadanos presenciaron como, en fracción de minutos, sus hogares y comunidades se vieron tremendamente afectados y el esfuerzo, a veces de la vida, quedaba reducido a escombros.
Las autoridades estiman en miles de millones los recursos necesarios para la reconstrucción y la reactivación de la economía mediante diversos programas, esas decisiones, que implicarán la articulación de múltiples actores en diversos ámbitos no pueden soslayar la evidencia, los datos que reflejan la existencia de enormes e históricas brechas entre los sectores rurales y urbanos. Las soluciones deben incorporar una perspectiva de derechos que atienda estas desigualdades y se encamine hacia políticas públicas con enfoque territorial, de largo plazo y participativas, perspectivas que permitirán proyectar el desarrollo sostenible en cada zona.
Desde el Trabajo Social, la labor no se limita a la aplicación de las Fichas básicas de emergencia, o cualquier otro instrumento que permita la identificación de las necesidades más urgentes de la población, sino que contribuye a comprender cómo las desigualdades territoriales amplifican los efectos de los desastres y condicionan las posibilidades de recuperación de las comunidades. Desde una perspectiva de derechos, la profesión puede fortalecer los procesos participativos, promoviendo la articulación entre instituciones y organizaciones locales, relevando las particularidades del mundo rural. La reconstrucción no debiera significar recuperar únicamente lo perdido, sino comenzar a corregir las inequidades territoriales históricas.
